Autor: Alicia Avilés Pozo
17 octubre, 2018

Las personas entre los 16 y los 29 años tienen la tasa más alta de pobreza y exclusión social, según las últimas estadísticas

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, echamos un vistazo a estas cifras para constatar una amenaza que en España va más allá de la crisis

Desde EAPN España han denunciado en varias ocasiones la dificultad de los jóvenes de acceder los programas estatales de empleo

Entre los que hace ya tres años dieron por finiquitada la crisis económica mundial, los más escépticos que defienden que sus consecuencias la mantienen vigente y los que ya apuntan a una futura recesión, se sitúa un amplio sector de la población joven, toda una generación condenada a una situación de falta de recursos materiales. En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, hemos querido extraer los datos concretos que apuntan a que los jóvenes en riesgo de pobreza o exclusión social son una tercera parte de nuestro país. Es la franja de edad más alta de todas. Y aunque ha descendido porcentualmente en los dos últimos años, no lo ha hecho al mismo ritmo en que creció y la situación, por tanto, sigue siendo alarmante. Muchos expertos dejan de hablar de situaciones coyunturales para hablar de un contexto estructural, ya instalado en España. Algo crónico, asentado. ¿Es realmente así?

Dentro de la Estrategia Europa 2020, es el indicador AROPE (At Risk Of Poverty and Exclussion) el que mide el riesgo de pobreza y exclusión social en toda la Unión Europea y en las regiones de los estados miembros. Se consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la población que vive con bajos ingresos (60% de la media del ingreso equivalente), privación material severa o que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja (por debajo del 20% del total de su potencial de trabajo).

Es una tasa que permite desagregar mediante numerosas variables los sectores más vulnerables y con la que trabajan la mayoría de instituciones, entidades sociales y ONG. Según la última hecha pública, correspondiente a 2017, en España las personas entre los 16 y los 29 años tienen la tasa más alta de pobreza y exclusión, con un 34,8%, casi una tercera parte del país. En 2016, este porcentaje era del 37,6%. Ha bajado tres puntos en un año, pero el porcentaje sigue siendo muy elevado.

Hay otras cifras sobre las que todos los colectivos sociales han puesto el acento: desde el año 2008, el crecimiento más intenso del riesgo de pobreza corresponde al grupo de jóvenes de esa misma franja de edad, que han registrado un extraordinario incremento cifrado en 11,5 puntos porcentuales.

Sucede que, por una parte, los tres grupos de población más joven, que son, precisamente, aquellos en los cuales la tasa de riesgo de pobreza ha crecido de manera más destacada, registran los datos más elevados, tanto de paro como de ocupación a tiempo parcial. Y por otro lado, destacan las altas cifras de la denominada ‘privación material severa’ (no contar con los productos y servicios necesarios para vivir) para el grupo de jóvenes entre 16 y 29 años, que rivalizan históricamente con las cifras alcanzadas por los menores de 16 años (población infantil). Son los jóvenes los que mantienen la tasa más alta de todos los grupos de edad en pobreza severa.

Soportan asimismo la cifra más alta de personas que llegan a fin de mes “con mucha dificultad” (22,2 por ciento) con gran diferencia con respecto al resto. En total, el 68,7 por ciento de los jóvenes tienen alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes. Y en orden de dificultad, le sigue la situación de los menores de 16 años. De la unión de ambos grupos resulta que más de dos de cada tres personas menores de 29 años tienen dificultades para llegar a fin de mes, lo que señala, otra vez, la grave problemática que caracteriza a la población joven en España.

AUTONOMÍA ECONÓMICA Y CONDICIONES DE VIDA

Hay otras variables del indicador AROPE que pueden extraerse y que aparecen agregadas en los índices de desarrollo juvenil de ProyectoScopio. En el caso del desempleo y de la emancipación juvenil, las analizamos anteriormente en este blog, pero hay otra muy significativa que también ayuda a concretar este mapa. Por ejemplo, la autonomía económica: en toda España solo la tiene algo más de la cuarta parte de  los jóvenes (el 28,73 por ciento).

En Europa la situación es algo mejor, pero tampoco está a años luz de España, en cuanto a la media. Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por Eurostat, los peor parados vuelven a ser los jóvenes de entre 18 y 25 años: durante la crisis el riesgo de pobreza creció en seis puntos y no se ha recuperado. La situación más grave es que muchos de los jóvenes incluidos en esta estadística tienen trabajo. Muchos colectivos sociales llevan mucho tiempo hablando así de “trabajadores pobres” o en riesgo de pobreza, debido a los bajos salarios y los altos precios del alquiler, entre otros factores.

La proporción de trabajadores pobres jóvenes es la cuarta más alta de toda la Unión Europea, por detrás de Rumanía, con un 31,2%, Dinamarca, con un 21,3%, y Grecia, con un 19%. Y a nivel mundial, España es el séptimo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor proporción de trabajadores pobres.

Una valoración general de estos datos es que los jóvenes son una de las “víctimas” más importantes de la crisis y de los problemas estructurales de España en cuanto a la generación de nuevos puestos de trabajo. Así lo señalan desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), colectivo que hoy mismo presenta nuevos datos sobre pobreza y exclusión social. Desde esta entidad social defienden que la única forma de evitar la “cronificación” de esta problemáica es mejorar la empleabilidad y por eso han constatado las deficiencias de acceso que existen en programas como el de Garantía Juvenil:

El Consejo de la Juventud de España también ha puesto el acento en esta cuestión en sus sucesivos informes sobre emancipación juvenil. Consideran que las principales causas de las duras condiciones de vida y de la dificultad para emanciparse de gran parte de la juventud siguen siendo su “frágil situación en el mercado laboral y viviendas totalmente inaccesibles para el nivel adquisitivo de la mayoría de las personas entre 16 y 29 años”. El Área Socioeconómica del Consejo viene pidiendo una legislación laboral que garantice “un empleo decente, digno y con derechos y un cambio de modelo productivo que base su desarrollo en la investigación”.

Si en las franjas de edad más altas, de 20 a 29 años, es el desempleo o el trabajo precario el que marca este riesgo de pobreza, en la franja de los adolescentes, la incidencia puede observarse también en la desigualdad en cuanto a la transición escolar. No hay que olvidar que la formación es el elemento que los expertos apuntan para terminar con la lacra del paro juvenil y que su interrupción supone ahondar en la brecha de una posible pobreza crónica. En la Revista Metamorfosis, los profesiones Javier Sánchez Galán y Almudena Moreno Mínguez, lo analizan en su artículo “La transión escolar en España: un análisis de desigualdad y diferenciación”.

Argumentan que en el caso de España, la baja competitividad, la escasa productividad, el insuficiente nivel tecnológico y la deficiente formación son elementos que contribuyen a acentuar las consecuencias de la crisis, en especial entre los colectivos más desfavorecidos, como son los jóvenes y las mujeres. Alegan que no todo ha sido causado por la crisis económica, sino que son “situaciones endémicas de la economía española”, como la temporalidad y la precariedad en el empleo”, además de altas tasas de abandono y fracaso escolar.

Ambos expertos añaden que existe una dualidad muy acentuada entre los jóvenes españoles respecto a los estudios terminados con jóvenes muy formados, pero también una tasa de fracaso escolar por encima de la media europea. “Estos datos hacen pensar en que nuestro sistema educativo no compensa las diferencias y se perpetúa la desigualdad en la educación”. Por eso afirman que las consecuencias prácticas resultan evidentes: “cuando las condiciones de empleabilidad son favorables, antes se abandonan los estudios”. También consideran, en cuanto al riesgo de pobreza, que las diferencias en el momento en el que se concluye el periodo formativo y su duración son más acusadas.

En general, los expertos no quieren hablar de estos problemas como una “cronificación”. Sí que hay cuestiones estructurales, pero para todos existen medidas que pueden cambiar la situación y que en su gran mayoría ya han marcado las estrategias de la Comisión Europea. La cuestión es: ¿cuándo será esa la prioridad?